Trasladaron su preocupación ante aquellas regiones que, ante la situación crítica en la que se encuentra la AP, sigan sin querer abordar los problemas reales en su comunidad autónoma.
Se ha acordado poner en marcha un observatorio para el seguimiento de la implantación de los mecanismos que conduzcan a la simplificación de los trámites que genera la IT.
Denuncian que es intolerable seguir perpetuando esta práctica para paliar un déficit de profesionales que debía haber sido previsto por las autoridades sanitarias.
Un informe de los decanos señala que un aumento de estudiantes en las facultades debe acompañarse de un incremento del profesorado acreditado y mejoras de las condiciones laborales y salariales en el sistema público.
Se propone a las Administraciones Autonómicas y al INSS que tomen las medidas necesarias a partir de enero de 2023 para garantizar la emisión de los partes de baja, confirmación y alta por los profesionales de todos los niveles asistenciales.
Desea poder seguir colaborando con las autoridades en el diseño de una infraestructura óptima para la AP, para lo que plantea una campaña en redes sociales próximamente.
Resulta imprescindible hacer una mejora en todo el proceso para adecuar la oferta de plazas de especialistas a las necesidades del Sistema Nacional de Salud.
Además del colapso absoluto del sistema sanitario por la pandemia se preguntan qué más tiene que pasar para que haya voluntad política para solucionar la situación de la Atención Primaria.
Preocupa que todavía no exista un compromiso de partida presupuestaria para el Plan de Acción 2022-2023 e insta a Gobierno y comunidades autónomas a alcanzar un compromiso con este nivel asistencial.
Recuerda que la asistencia sanitaria es un derecho que debe asegurarse para toda la población y por ello los profesionales deben poder realizar su trabajo en condiciones de seguridad.
También el inexplicable y prolongado retraso en la interlocución del ministerio con los miembros del Foro Profesional, a pesar de los compromisos adquiridos.
Denuncian que ha demostrado una enorme falta de voluntad al no haber presentado alternativas, más allá de la devolución del dinero de las tasas, medida claramente insuficiente.
Existe un déficit de 3.800 profesores para la docencia en los 44 grados de Medicina que se imparten a nivel nacional. Sería necesario que se incorporaran 410 docentes cada curso y no llegan a un centenar.
Solicita que el desarrollo normativo y adecuación presupuestaria del Plan de Acción del Consejo Interterritorial sea concreto, efectivo y no defraude a los médicos de AP.