Reiteran que propiciar el diálogo y los acuerdos resulta fundamental en los actuales momentos en los que nuestro sistema sanitario está cada vez más tensionado y sobrecargado.
El objetivo es que se retire de manera inmediata el Real Decreto Ley y que se establezca un calendario de negociaciones para buscar soluciones a los problemas urgentes de la profesión.
Se exige la retirada inmediata del Real Decreto Ley 29/2020 y el inicio de las negociaciones que puedan solucionar la grave situación de abandono que padecen los profesionales.
Denuncia que es inaudita la actitud del Ministerio de Sanidad, que persiste en su postura de no tener en cuenta las demandas reiteradas de una reunión.
La pandemia COVID ha obligado a habilitar espacios que se han restado a otras áreas, como urgencias pediátricas, lo que repercute en peor calidad asistencial.
Considera que es un error conceder, incluso temporalmente, las competencias de los médicos especialistas a los médicos que no han obtenido su titulación.
Reclaman estabilidad para los jóvenes especialistas en medicina familiar y comunitaria y a los pediatras de AP con contratos dignos y estables que eviten que se sigan marchando.
Una vez más la Consejería, ante la mano tendida de forma permanente, responde con prepotencia, sin querer escuchar y pensando que se tienen todas las soluciones.
Queremos plantear una batería de medidas urgentes imprescindibles para que Atención Primaria salga del colapso y no nos veamos obligados a plantear un conflicto laboral
La situación en los Centros de Salud es insostenible y los profesionales demandan soluciones, por lo que CESM solicita una reunión con la Consejera para que solucione el caos organizativo.
La corporación reclama soluciones inmediatas ante la situación de urgencia en la que se encuentra el SNS, “está en juego nuestro modelo sanitario y la relación médico-paciente”.
Exigen que se cumpla a la mayor brevedad con todos los requerimientos, se acredite documentalmente su realización y se dote con urgencia de los recursos necesarios.
Son diversas las denuncias de agresiones o los insultos y amenazas que se profieren contra el personal médico, por lo que solicitan personal de seguridad en los centros de salud.
La sentencia del TSJ obliga al pago retroactivo desde fecha de 1 enero del 2016, con los subsiguientes intereses de demora, así como el reconocimiento económico al nivel correspondiente del demandante.